Tribunal rechaza demanda de senador popular para obtener información de casos archivados en Justicia

San Juan — El Tribunal de Primera Instancia desestimó una demanda presentada por el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz, que buscaba obligar al Departamento de Justicia a entregar información relacionada con investigaciones archivadas en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor.

La decisión judicial representa un revés para el esfuerzo del legislador por obtener detalles sobre casos cerrados por la agencia, en medio de un debate sobre transparencia gubernamental y acceso a información relacionada con posibles investigaciones de interés público.

En una sentencia emitida por el juez superior Anthony Cuevas Ramos, el tribunal concluyó que Hernández Ortiz no contaba con la autoridad legal requerida para presentar la acción judicial en representación del Senado.

Según el dictamen, el Artículo 34-A del Código Político establece que solo determinados funcionarios legislativos, como los presidentes o vicepresidentes de los cuerpos autorizados, pueden acudir a los tribunales para exigir la entrega de documentos vinculados a investigaciones legislativas.

El senador había solicitado que Justicia entregara un listado de casos archivados bajo la Orden Administrativa 2025-09, así como copia de las órdenes de cierre correspondientes.

La petición surgió luego de que el Departamento de Justicia rechazara divulgar los documentos solicitados, argumentando que los memorandos e informes de cierre forman parte del proceso investigativo interno de la agencia y están protegidos por disposiciones legales aplicables.

Hernández Ortiz sostuvo que actuaba con el aval del Senado y que la solicitud de información había sido aprobada por ese cuerpo legislativo. Sin embargo, el tribunal determinó que esa autorización no sustituye los requisitos específicos establecidos por ley para presentar este tipo de recurso judicial.

La sentencia no entra en los méritos de la controversia sobre la divulgación de los documentos, sino que se concentra en determinar quién tiene legitimación legal para solicitar la intervención del tribunal.

Con la decisión, el Departamento de Justicia no tendrá que entregar la información solicitada como resultado de esta acción en particular.