Tribunal evalúa legalidad del control federal de la Guardia Nacional en California tras protestas por redadas migratorias

Los Ángeles – Un tribunal de apelaciones federal escuchará este martes los argumentos del Gobierno del presidente Donald Trump para mantener el control de la Guardia Nacional de California, tras una controversial decisión de desplegar tropas en Los Ángeles sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom. Esta acción, que no ocurría desde hace más de seis décadas, ha desatado un fuerte debate sobre la soberanía estatal y el uso militar en protestas civiles.

El despliegue se produjo luego de intensas protestas iniciadas el 6 de junio por las redadas migratorias, y fue justificado por Trump bajo el Título 10 del Código de EE.UU., que permite al presidente tomar control directo de las tropas estatales en circunstancias excepcionales. Newsom demandó al Gobierno federal, calificando la medida de “ilegal” y parte de una “guerra calculada” para expandir el poder de la Casa Blanca.

La Guardia Nacional, una fuerza militar de reserva bajo el mando habitual de los gobernadores, puede ser movilizada por el presidente en casos de guerra o emergencia nacional. Sin embargo, su uso para contener protestas civiles es altamente polémico, especialmente bajo el amparo de la Ley Posse Comitatus, que restringe la participación militar en asuntos policiales internos.

Actualmente, los 4,000 soldados desplegados solo pueden proteger edificios y funcionarios federales, sin intervenir directamente en arrestos o redadas. No obstante, Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección de 1807, lo que permitiría una intervención militar directa contra los manifestantes, una medida que escalaría significativamente el conflicto.

La audiencia judicial de este martes podría marcar un precedente clave sobre los límites del poder presidencial en la movilización militar dentro de Estados Unidos, en especial cuando los estados se oponen a dicha acción.