Senadores llevan a Justicia al tribunal por información sobre casos archivados de corrupción

San Juan— Una demanda presentada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado contra el Departamento de Justicia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave para la ciudadanía: ¿qué ocurre con los casos de posible corrupción gubernamental cuando son archivados?

El recurso legal busca obligar al Departamento de Justicia a entregar información sobre casos cerrados en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, unidad que investiga querellas relacionadas con corrupción, ética gubernamental, violaciones electorales y posibles delitos cometidos por funcionarios públicos.

Para la gente, el reclamo es importante porque se trata de saber si las investigaciones contra funcionarios públicos fueron cerradas con fundamentos claros, si hubo evaluación adecuada y si las agencias están rindiendo cuentas sobre decisiones que afectan la confianza pública.

El portavoz popular en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, explicó que el pasado 4 de mayo solicitaron un listado de casos archivados y copia de las órdenes de cierre correspondientes. Según la delegación, aunque la petición fue aprobada de forma unánime por el Senado, Justicia no ha entregado los documentos solicitados.

La controversia surge además tras la Orden Administrativa 2026-09 de Justicia, que establece un proceso para cerrar o archivar casos luego de dos años en esa división. Para los senadores, esa información debe estar disponible para fiscalización legislativa y conocimiento público.

La delegación sostiene que el reclamo no es una presión política, sino parte de la función del Senado de investigar, fiscalizar al gobierno y mantener informado al pueblo sobre asuntos públicos.

Ahora, el Tribunal de Primera Instancia en San Juan deberá atender el recurso y determinar si ordena a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, entregar la documentación solicitada.