San Juan y la AAA llegan a acuerdo judicial tras crisis de agua: lo que significa para el abonado

San Juan-El Municipio de San Juan y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) firmaron una Estipulación Transaccional ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan — un acuerdo que es, en esencia, el resultado de semanas de interrupciones de agua que obligaron al Municipio a llevar a la agencia los tribunales.

Cómo llegamos aquí

La crisis no es nueva. Residentes y comerciantes de San Juan llevan meses reportando días —a veces semanas— sin acceso continuo a agua potable o con presión tan baja que el servicio es inútil. La situación llegó a un punto de quiebre el 29 de mayo de 2026, cuando el alcalde Miguel A. Romero Lugo presentó un recurso extraordinario contra la AAA y su presidente ejecutivo, el Ing. Luis González Delgado, solicitando un entredicho provisional, injunction y mandamus. La acusación era clara: la AAA estaba fallando en prestar un servicio esencial, afectando la salud, la dignidad y la seguridad de los sanjuaneros.

Cuatro días después, la AAA buscó negociar. El 4 de junio comenzaron las reuniones, el 5 de junio hubo vista judicial, y el fin de semana las partes intercambiaron borradores sin parar hasta alcanzar el acuerdo que se radicó hoy.

Qué dice el acuerdo

El núcleo del acuerdo es la creación de un Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, integrado por un representante del Municipio (Ing. Roberto W. Martínez Toledo) y uno de la AAA (Ing. Esteban Fuentes Vázquez de Ehydraulics, LLC). Este Comité tendrá autoridad real para tomar decisiones operacionales y técnicas —incluyendo ajustes manuales de válvulas— y la AAA estará obligada a ejecutarlas sin dilación.

Entre las obligaciones más concretas de la AAA:

• Dar acceso al Municipio a sus sistemas de monitoreo en tiempo real: GIS, SCADA y AAA Metro (en un plazo máximo de 6 horas tras la solicitud).
• Entregar informes del ROC cada dos horas y reportes diarios de producción de las ocho plantas de filtración que sirven a San Juan.
• Proveer en 18 horas el historial de niveles de tanques del último mes.
• Entregar en 30 horas la bitácora de operaciones de válvulas desde junio de 2025 al presente.
• Inspeccionar, junto al Comité, 13 válvulas críticas del sistema a partir del miércoles 10 de junio, de forma ininterrumpida.
• Continuar enviando camiones cisterna a las comunidades afectadas cada 48 horas hasta que el sistema se estabilice.

El Tribunal retiene jurisdicción sobre el caso. Cualquier incumplimiento del acuerdo se considera violación de una orden judicial, y la parte que incumpla tiene apenas 5 horas para corregirlo antes de que el asunto regrese al juez.

El acuerdo estará vigente hasta 60 días después de que el Comité certifique que el servicio se ha estabilizado.

Qué gana —y qué no— el abonado

Lo que beneficia al abonado:

El acuerdo es, en términos prácticos, el reconocimiento formal de que el sistema de distribución de agua en San Juan está roto y necesita intervención urgente. Por primera vez, hay un mecanismo con dientes legales para fiscalizar a la AAA en tiempo real. El Municipio tendrá ojos dentro del sistema —algo que hasta ahora no tenía— y el Comité podrá actuar sobre las válvulas directamente, sin esperar la burocracia habitual de la Autoridad.

La obligación de camiones cisterna cada 48 horas es un alivio inmediato para las comunidades más afectadas. Y el hecho de que el Tribunal retenga jurisdicción significa que si la AAA no cumple, hay consecuencias judiciales reales.

Lo que no resuelve —y el abonado debe entender:

Este acuerdo no arregla la infraestructura. Es un mecanismo de supervisión y coordinación, no de inversión ni rehabilitación de tuberías. El agua no va a volver de golpe mañana. El horizonte sigue siendo incierto: el acuerdo vence 60 días después de la «estabilización», pero la definición de estabilidad la determina el propio Comité —lo cual puede prestarse a interpretaciones.

Además, buena parte de la información que se intercambie entre las partes será confidencial, lo que limita la rendición de cuentas pública. Los abonados sabrán si hay agua o no, pero no necesariamente por qué no la hay ni qué decisiones se tomaron.

Por último, el Municipio reclama $621,219.42 en gastos extraordinarios ya incurridos para atender la emergencia —dinero que eventualmente sale del erario. Si no hay acuerdo sobre esas partidas, el caso va de vuelta al tribunal.