Refieren a secretaria de la Familia por alegado perjurio: ¿por qué este caso importa al ciudadano?

El Capitolio – El referido contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presunto perjurio no es solo un asunto político o legal: también toca directamente la confianza del ciudadano en cómo se manejan los recursos públicos y los servicios que impactan a las poblaciones más vulnerables.

El portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, anunció que sometió el caso ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental, alegando que la funcionaria pudo haber mentido bajo juramento durante su proceso de confirmación.

Según el legislador, Roig Fuertes respondió negativamente a preguntas sobre investigaciones en su contra al momento de ser evaluada por el Senado, pese a que posteriormente reconoció en medios que había discutido alegaciones con la gobernadora antes de su nombramiento.

Más allá del señalamiento de perjurio, el caso incluye alegaciones de que la funcionaria habría utilizado su posición para favorecer la contratación de una entidad privada mientras laboraba en el Departamento de Salud, lo que, de probarse, podría constituir violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

¿Por qué esto debe importarle al ciudadano? Porque el Departamento de la Familia administra programas clave como asistencia nutricional, servicios a menores y apoyo a comunidades vulnerables, manejando cientos de millones de dólares en fondos públicos. Cualquier duda sobre la integridad de su liderato levanta preocupaciones sobre cómo se toman decisiones que afectan directamente la vida de miles de familias.

Además, el proceso de confirmación en el Senado existe precisamente para garantizar que quienes ocupen estos cargos cumplan con estándares de transparencia y honestidad. Si un funcionario omite información relevante bajo juramento, se debilita ese mecanismo de control y fiscalización.

El senador Hernández Ortiz citó el artículo 269 del Código Penal, que establece que el perjurio conlleva penas de hasta tres años de prisión, y solicitó que el caso sea evaluado bajo la jurisdicción del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Mientras tanto, el llamado a la renuncia o destitución de la secretaria añade presión política al caso, que ahora pasa a manos de las autoridades investigativas.

Para el ciudadano común, el desenlace de esta controversia va más allá de una figura pública: se trata de la credibilidad de las instituciones y de la garantía de que quienes administran servicios esenciales lo hacen con transparencia y conforme a la ley.