Redadas de ICE en Los Ángeles desatan indignación por arrestos de latinos ciudadanos estadounidenses

Los Ángeles – La ola de redadas migratorias que realiza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el área de Los Ángeles ha generado fuerte controversia y denuncias de uso de «perfil racial», tras el arresto de varios ciudadanos estadounidenses de origen latino, incluyendo una mujer embarazada que dio a luz tras ser detenida.

Desde que comenzaron los operativos hace dos semanas, cientos de personas han sido detenidas, pero activistas señalan que entre ellas hay múltiples ciudadanos estadounidenses, detenidos aparentemente por su apariencia física o por hablar español.

Una de las historias más alarmantes es la de Cary López Alvarado, ciudadana estadounidense y embarazada de nueve meses, quien fue arrestada el 8 de junio junto a su pareja y su primo —también ciudadano—. A pesar de identificar su lugar de nacimiento como Los Ángeles, los agentes federales asumieron que era indocumentada y la encadenaron de manos y pies. Cuatro días después dio a luz, mientras su pareja fue trasladado a un centro de detención en Texas.

“Fue un uso innecesario y peligroso de la fuerza que pudo haber provocado un aborto espontáneo”, denunció el abogado Luis Carrillo, representante legal de López.

Otro caso que ha provocado indignación es el de Adrián Andrew Martínez, joven trabajador de Walmart en Pico Rivera, quien fue violentamente detenido por varios agentes federales a pesar de que testigos repetían que era ciudadano estadounidense. El incidente fue captado en video y ha impulsado protestas masivas en la comunidad.

A esto se suma el caso de Javier Ramírez, propietario de un negocio en Montebello, quien fue arrestado pese a mostrar su pasaporte y gritar que era ciudadano de EE.UU. «¡Tengo mi pasaporte! ¡Soy ciudadano!», se escucha en el video que se ha vuelto viral en redes sociales.

ICE ha justificado los arrestos señalando que los involucrados obstruyeron los operativos, aunque los defensores de derechos civiles alegan que las detenciones violan los derechos constitucionales y fomentan el miedo entre comunidades latinas.

Las redadas forman parte de un operativo federal que, según el Departamento de Seguridad Nacional, podría extenderse por hasta 60 días en el sur de California.