Presidenta de la UPR descarta renunciar en medio de protestas estudiantiles

San Juan –– La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, reiteró que no renunciará a su cargo y rechazó firmar una carta de dimisión que le presentaron estudiantes durante una reunión el jueves, en medio de crecientes protestas en varios recintos del sistema universitario.

Como respuesta a los reclamos, Jordán Conde propuso la creación de un Comité de Diálogo Estudiantil y aseguró que su administración está abierta a discutir los planteamientos de la comunidad universitaria. Sostuvo además que mantiene su compromiso de trabajar en la restitución de la fórmula presupuestaria, siempre que se logre demostrar crecimiento institucional, eficiencia y generación de ingresos propios. También afirmó que cualquier transformación en la universidad se realizará mediante procesos de diálogo multisectorial, con el objetivo de proteger el acceso a la educación, fortalecer la calidad académica y asegurar la sostenibilidad de la institución.

Las manifestaciones estudiantiles se han intensificado en los últimos días y exigen la renuncia de la presidenta, en parte por la destitución de rectores en varios recintos, incluyendo Mayagüez, Bayamón, Ponce, Aguadilla y Río Piedras. Estas acciones han reavivado tensiones históricas dentro de la UPR, una institución que ha sido escenario recurrente de protestas estudiantiles vinculadas a decisiones administrativas y recortes presupuestarios.

La Universidad de Puerto Rico, fundada en 1903 y regida por la Ley Núm. 1 de 1966 (Ley de la Universidad de Puerto Rico), ha sido por décadas el principal centro de educación pública superior en la isla y un espacio clave de movilidad social, formación profesional y debate político. Su rol ha cobrado aún más relevancia en contextos de crisis económica, cuando miles de estudiantes dependen de su accesibilidad frente a instituciones privadas.

En los últimos años, la UPR ha enfrentado recortes significativos a su presupuesto, particularmente tras la implementación del plan fiscal bajo la Ley PROMESA, lo que ha provocado aumentos en matrícula, reducción de servicios y conflictos internos. Estos factores han generado múltiples huelgas y paros estudiantiles, especialmente entre 2010 y 2017, consolidando a la universidad como un punto de encuentro para discusiones sobre política pública y justicia social.

El actual conflicto vuelve a poner sobre la mesa preguntas clave para el país: el futuro de la educación pública, la gobernanza universitaria y el acceso equitativo a estudios superiores. Más allá de la controversia administrativa, lo que está en juego es el papel de la UPR como institución pública en un Puerto Rico con retos económicos y demográficos, donde la educación sigue siendo una de las principales herramientas de desarrollo.