Legisladores independentistas alzan la voz: “Puerto Rico no debe ser cómplice de la persecución de inmigrantes”

San Juan- Legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) hicieron un llamado contundente este miércoles al Gobierno de Puerto Rico para que se niegue a entregar información a agencias federales con el objetivo de rastrear y deportar a miles de inmigrantes en la isla.

La denuncia surge tras revelarse que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Control de Aduanas (ICE) solicitaron al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) datos de al menos 6,000 inmigrantes que habrían obtenido licencias de conducir en Puerto Rico.

“El Gobierno de Puerto Rico no puede seguir siendo cómplice mientras se mancilla la dignidad de nuestras comunidades inmigrantes”, afirmó la representante Adriana Gutiérrez, quien junto a Denis Márquez y Nelie Lebrón, exigió a la gobernadora Jenniffer González que imparta instrucciones claras al DTOP de no entregar la información solicitada.

Los legisladores recordaron que toda persona tiene derecho a la protección de su información personal, y que acceder a los pedidos de las autoridades federales sin una orden judicial constituye una violación a ese derecho.

Además, destacaron que en febrero presentaron el Proyecto de la Cámara 331, una medida legislativa impulsada por la delegación del PIP y respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), con el fin de proteger a las comunidades inmigrantes de persecuciones injustas y establecer límites claros a la cooperación entre agencias locales y federales.

“La protección de los derechos humanos no puede depender del estatus migratorio. Estas comunidades ya son parte vital de la vida social y económica de Puerto Rico”, expresó Márquez.

Lebrón, por su parte, advirtió que si bien las órdenes ejecutivas del expresidente Donald Trump endurecieron las políticas migratorias, “no anulan las protecciones constitucionales como el derecho a no ser arrestado sin una orden judicial”.

Los legisladores recalcaron que Puerto Rico, como territorio con su propia administración local, tiene el deber de velar por los derechos y la dignidad de todas las personas que residen en su suelo, sin importar su origen o estatus.