Justicia evalúa reabrir pesquisa sobre secretaria de la Familia en medio de crisis de servicios para envejecientes

San Juan – La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó este lunes que evaluará nueva evidencia y entrevistará personas para determinar si reabre la investigación relacionada con la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, en momentos en que Puerto Rico enfrenta una creciente presión sobre los servicios dirigidos a envejecientes y poblaciones vulnerables.

La controversia va más allá de una disputa política. El Departamento de la Familia administra programas esenciales para miles de ciudadanos que dependen del gobierno para recibir ayudas, servicios de cuidado, alimentación y apoyo social.

Y el contexto no podría ser más delicado. Puerto Rico es actualmente una de las jurisdicciones más envejecidas del hemisferio. Cerca de un tercio de la población tiene 60 años o más, mientras miles de adultos mayores viven solos, bajo niveles de pobreza o dependiendo de programas públicos para sobrevivir.

A eso se suma que cada vez menos familiares jóvenes permanecen en la isla para cuidar a padres o abuelos debido a la emigración.

Por eso, cualquier controversia sobre el liderato del Departamento de la Familia genera preocupación pública sobre la capacidad del gobierno para manejar servicios críticos en momentos de alta necesidad social.

Las expresiones de Gómez Torres surgieron luego de una reunión con el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz, quien presentó documentos adicionales que, según alegó, no estaban disponibles cuando el caso fue archivado inicialmente.

“Nosotros vamos a evaluar los documentos. Nosotros vamos a entrevistar personas para entonces reevaluar si vamos a reabrir el caso”, expresó la secretaria.

Gómez Torres insistió en que el Departamento de Justicia no ocultó evidencia y sostuvo que la agencia enviará a evaluación toda la documentación nueva antes de tomar una decisión.

La controversia gira en torno a alegaciones relacionadas con el paso de Roig Fuertes por el Departamento de Salud, incluyendo cuestionamientos sobre un contrato de aproximadamente 60,000 dólares mensuales otorgado a la empresa One Source Investigations y comunicaciones electrónicas enviadas a una persona identificada como “Baby”.

El senador Hernández Ortiz aseguró que uno de los elementos que no figuraba originalmente en el expediente era precisamente el reenvío de un correo electrónico relacionado con el caso.

Mientras la investigación continúa, el caso también ha provocado referidos a la Oficina de Ética Gubernamental y presiones desde el Senado para una pesquisa legislativa más amplia.

Pero para muchos ciudadanos, especialmente envejecientes y familias vulnerables, el tema central no es únicamente político. Es la preocupación sobre quién administra una agencia encargada de manejar algunos de los servicios más sensibles del país en momentos donde la necesidad social sigue aumentando.