Gran jurado federal imputa a ocho mujeres por esquema de fraude de desempleo

San Juan- Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó a una empleada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y a otras siete mujeres por su presunta participación en un esquema de fraude mediante el cual obtuvieron ilegalmente aproximadamente $619,923 en beneficios por desempleo, informó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

Según la acusación, las imputadas conspiraron para radicar reclamaciones fraudulentas de seguro por desempleo, utilizando información falsa, identidades de terceros y historiales de empleo inexistentes, a pesar de no tener derecho a esos beneficios.

“Estas acusadas utilizaron una posición de confianza dentro del Departamento del Trabajo para radicar múltiples reclamaciones fraudulentas de seguro por desempleo cuando no tenían derecho a esos beneficios”, sostuvo Muldrow en declaraciones escritas.

La acusación identifica a Luz Garay Osorio, entonces empleada del Departamento del Trabajo, como la principal participante del esquema. Según el pliego acusatorio, Garay Osorio utilizó su acceso al sistema de la agencia para hacer elegibles a familiares y allegados, crear historiales laborales falsos, alterar registros oficiales y emitir determinaciones monetarias y no monetarias fraudulentas. También se alega que radicó reclamaciones utilizando identidades de otras personas y provocó el desembolso de beneficios a co conspiradoras.

Como resultado del esquema, las acusadas recibieron cerca de $619,923 en fondos públicos, mientras que Garay Osorio habría obtenido aproximadamente $142,507, tanto mediante pagos directos como transferencias realizadas por las demás imputadas como parte de un esquema de sobornos y devolución de dinero. En varios casos, los fondos fueron transferidos mediante órdenes de dinero y transacciones electrónicas.

Además de los cargos por conspiración para robar fondos federales, Garay Osorio enfrenta imputaciones adicionales por lavado de dinero, fraude postal por servicios honestos y apropiación ilegal de identidad agravada. Tras la investigación, fue despedida de su puesto en el Departamento del Trabajo.

De ser encontradas culpables, las acusadas enfrentan penas de hasta cinco años de prisión por los cargos de conspiración y apropiación de fondos públicos. Garay Osorio podría enfrentar hasta veinte años adicionales por fraude postal y lavado de dinero, además de una sentencia obligatoria de dos años por apropiación ilegal de identidad agravada.

El caso es procesado por el fiscal federal auxiliar Scott Anderson. La investigación estuvo a cargo del Departamento del Trabajo federal, la Oficina del Inspector General, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias estatales y federales.

Las acusaciones constituyen señalamientos formales y no representan prueba de culpabilidad. Las imputadas se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.