Gobierno de Puerto Rico espera decisión federal sobre carguero de gas natural de New Fortress
La gobernadora insistió en que se trata de una controversia privada entre la empresa y la asociación de pilotos, pero que sus consecuencias recaen directamente en la ciudadanía.
Tatiana Matos Veloz
· 2 min de lectura

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San Juan-La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón informó este miércoles que el Gobierno de Puerto Rico se mantiene a la espera de una determinación del tribunal federal sobre la entrada del carguero de gas natural de la empresa New Fortress, detenido frente a la costa de San Juan. La controversia mantiene en riesgo el suplido de combustible y, por ende, la estabilidad del sistema eléctrico de la isla.
Disputa por remolcadores
La controversia surge por una exigencia de la asociación de pilotos marítimos, que reclama el uso de remolcadores de 80 toneladas, en lugar de los de 50, 45 y 65 que, según la mandataria, “se han usado en Puerto Rico durante 40 años”.
“Ni siquiera en Estados Unidos existen remolcadores de 80 toneladas según la información que hemos recibido”, sostuvo González Colón, quien recalcó que la embarcación de New Fortress “ya ha entrado más de 11 ocasiones cumpliendo con todos los requerimientos y estipulaciones federales”.
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El Gobierno presentó una moción de emergencia para permitir la entrada del carguero y la descarga del combustible. La jueza federal Silvia Carreño otorgó hasta las 11:00 de la mañana de este miércoles a las partes para presentar oposición, término que ya venció.
“Estamos a la espera de que se emita una determinación que permita la entrada del carguero y la descarga del combustible”, puntualizó la gobernadora.
Exigencia a la Junta Fiscal
Mientras tanto, González Colón instó a la Junta de Supervisión Fiscal a aprobar el contrato renegociado con New Fortress, al destacar que dicho acuerdo permitiría que otro suplidor pueda traer gas natural si es necesario.
“Ese contrato nos daría un plan B y garantizaría que la empresa contratada asuma ese costo”, dijo.
La gobernadora insistió en que se trata de una controversia privada entre la empresa y la asociación de pilotos, pero que sus consecuencias recaen directamente en la ciudadanía.
“Esto afecta de forma directa al pueblo de Puerto Rico, a los hospitales y a las familias que pueden quedarse sin luz. El gobierno está tomando todas las acciones posibles para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico”, concluyó.
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