¿Otro aumento? Cámara de Comercio exhorta a alcaldes a no subir el impuesto al inventario

La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Margaret Ramírez Báez, exhortó el jueves a los alcaldes a actuar con prudencia y abstenerse de aumentar las tasas del impuesto al inventario, tras el veto de la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón al Proyecto de la Cámara 420 (PC 420), que buscaba congelar y eventualmente eliminar dicho gravamen.

“Esperamos sensatez de los gobiernos municipales para que se abstengan de tocar o practicar incrementos en las tasas anuales de este impuesto, como ha ocurrido por los últimos años”, manifestó Ramírez Báez en declaraciones escritas.

La líder empresarial lamentó la decisión de la mandataria y catalogó el veto como “una oportunidad perdida para avanzar hacia un sistema contributivo más justo y competitivo”. Según explicó, mantener el impuesto al inventario “prolonga un escenario plagado de carga fiscal que encarece el hacer negocios en Puerto Rico, penaliza la productividad y limita la capacidad de las empresas para mantener inventarios adecuados”.

Ramírez Báez insistió en que la eliminación del impuesto al inventario cuenta con un respaldo amplio, no solo del sector empresarial, sino también de la ciudadanía, al considerarse una de las principales trabas al desarrollo económico del país.

Asimismo, reconoció que la gobernadora presentó un nuevo proyecto con miras a sustituir el impuesto en un periodo de cinco años, y aseguró que la CCPR está dispuesta a colaborar en la creación de una alternativa justa, balanceada y sostenible.
“Nos hemos puesto a disposición para seguir fungiendo como facilitadores y colaboradores. En Puerto Rico no podemos aspirar a mayor competitividad ni resiliencia económica manteniendo unas estructuras contributivas que castigan la inversión”, sostuvo.

Finalmente, la presidenta de la CCPR llamó tanto a la Rama Ejecutiva como a la Asamblea Legislativa a mantener un diálogo constante con el sector privado y los municipios, subrayando que el desarrollo económico de Puerto Rico es una causa común que requiere consenso y acción responsable.