ACLU de Puerto Rico pide vetos a medidas sobre acceso a información y derechos reproductivos

San Juan- La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) solicitó este miércoles a la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón vetar el Proyecto del Senado 63 y el Proyecto del Senado 504, al asegurar que ambas medidas representan riesgos significativos para derechos protegidos por la Constitución de Puerto Rico y la Constitución federal.

En declaraciones escritas, la abogada de Política Pública de la organización, Lolimar Escudero Rodríguez, advirtió que el PS 63, que propone enmendar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, “introduce obstáculos adicionales” al derecho ciudadano de examinar documentos públicos.

Según Escudero Rodríguez, la medida redefine conceptos clave, extiende plazos de entrega hasta 20 o 30 días laborables con posibilidad de prórrogas, y exige notificaciones adicionales, lo que podría facilitar “retrasos, denegatorias injustificadas y un enfoque restrictivo que limita la fiscalización ciudadana”.

“El acceso a la información pública no es un privilegio ni una concesión del gobierno; es un corolario de la libertad de expresión, de prensa y del derecho del pueblo a participar de los asuntos públicos”, sostuvo la abogada.

La organización también urgió el veto del PS 504, al señalar que sus definiciones sobre el reconocimiento del concebido como persona natural “sin límites jurídicos claros” podrían tener efectos profundos en derechos reproductivos, acceso a servicios de salud y procedimientos médicos como la fertilización in vitro.

Escudero Rodríguez añadió que, lejos de fortalecer la transparencia, estas medidas “levantan un muro burocrático para proteger al poder de la mirada del pueblo”.

Por su parte, el director legal de la ACLU-PR, Fermín Arraiza Navas, alertó que el PS 504 puede abrir la puerta a litigios e interpretaciones que afecten múltiples áreas del derecho, como:

• acceso al aborto
• técnicas de reproducción asistida
• sucesiones hereditarias
• seguros
• derecho penal
• servicios de salud

Arraiza Navas enfatizó que el Estado debe garantizar la igualdad, intimidad, dignidad y libertad de expresión, no restringirlas.

La organización sostuvo que ambas medidas representan “una concentración de poder y una restricción de derechos”, e hizo un llamado a la ciudadanía, organizaciones comunitarias, sectores de salud, gremios periodísticos y la academia a solicitar directamente el veto de la gobernadora.